Una mañana de 1799, en una calle de Bath, un albañil sube su andamio y empieza a tapiar con ladrillos las ventanas de una casa de tres pisos. No lo hace por capricho ni por falta de vidrio. Lo hace porque cada ventana paga impuesto, y el dueño prefiere habitaciones oscuras a una cuenta más alta.

_{Fuente: Magnific}

Ladrillo a ladrillo, el albañil va apagando la casa desde adentro, y afuera nadie protesta. Es un gesto rutinario, repetido en miles de fachadas inglesas durante más de un siglo.   

Esa escena silenciosa, anotada apenas en los libros de un recaudador, terminó convertida en uno de los ejemplos favoritos de los economistas para explicar algo incómodo, que un impuesto rara vez grava lo que cree gravar y casi siempre deforma la conducta que toca.

El window tax británico, vigente entre 1696 y 1851, quiso medir la riqueza contando ventanas. Era simple y se cobraba desde la vereda, sin entrar a la casa. Pero la gente respondió tapiando, y el saldo fueron viviendas sin luz ni ventilación, brotes de tifus y un apodo que sobrevive en inglés, daylight robbery. Dos siglos después, la misma lógica reaparece con otro nombre. Ya no discutimos si gravar ventanas, sino si gravar inteligencia.

Si hoy contratar a una persona implica que una fracción enorme del costo total nunca llega a su bolsillo, porque se diluye en cotizaciones, salud e impuestos al trabajo, entonces el sistema castiga emplear humanos y convendría gravar a las máquinas que los reemplazan. Gravar a los bots, dice el eslogan, para aliviar al trabajador.

No es una idea nueva. La instaló Bill Gates en 2017, cuando dijo que, un robot que hace lo mismo que un trabajador, debería tributar a un nivel parecido. El Parlamento Europeo rechazó la propuesta. Corea del Sur fue presentada como el primer país con un impuesto al robot, aunque en rigor solo recortó incentivos tributarios a automatizar. Casi una década más tarde, el impuesto al robot sigue siendo más eslogan que ley.

Las objeciones a gravar la máquina son tan viejas como la propuesta, y conviene tomarlas en serio. 

La primera dice que un impuesto a la IA es, en el fondo, un impuesto a la cognición, y que encarecer el pensamiento frenaría el avance justo donde más lo necesitamos, desde el descubrimiento de nuevos fármacos hasta la investigación contra el cáncer.

La segunda es más técnica y quizá la más sólida. Ya existe el impuesto corporativo, de modo que cuando una empresa deja de pagar sueldos ese dinero se transforma en utilidad, y la utilidad tributa, con lo que la recaudación termina siendo casi la misma sin necesidad de inventar un tributo nuevo.

La tercera es la más profunda. Todo impuesto es una distorsión, y la pregunta incómoda es si de verdad queremos distorsionar la economía penalizando precisamente a la inteligencia, el recurso más productivo que hemos creado.

Detrás de la discusión hay un problema que ningún eslogan resuelve. Durante siglos el Estado se financió gravando el trabajo, porque ahí estaba el valor y ahí estaba la base imponible. Si la inteligencia artificial desplaza trabajo cognitivo a gran escala, esa base se encoge y el fisco se ve empujado hacia el capital, el consumo o las utilidades.

El argumento del impuesto corporativo es el más honesto, porque recuerda que el excedente no desaparece, solo cambia de casillero. Pero también es el más cómodo, porque supone que ese excedente se quedará donde hoy lo podemos alcanzar, y la experiencia reciente enseña que el capital se mueve más rápido que cualquier legislación.

Ahí aparece la parte que casi nadie quiere mirar. Recaudar es lo fácil. El problema difícil no es cómo cobrar, sino quién recibe qué y cuánto. Las alternativas que circulan, desde el ingreso básico universal hasta los servicios básicos universales, e incluso un dividendo financiado con acciones que las empresas de IA entreguen al Estado a través de un fondo soberano, son todas formas de admitir lo mismo, que si la cognición deja de ser escasa habrá que repartir su excedente de un modo nuevo.       

Hay quienes van aún más lejos y sugieren algo vertiginoso, que en un mundo donde la tecnología se mejora a sí misma esta podría terminar desacoplándose del capital, volviendo obsoleta la pregunta tal como hoy la formulamos.

Nada de esto es sencillo. Definir qué es un robot o qué cuenta como IA es tan resbaladizo como definir riqueza según el número de ventanas. Pero no hacer nada tampoco es neutral. Para un país como Chile, que no fabrica modelos de frontera y consume inteligencia producida afuera, la conversación es doblemente urgente, porque no se trata solo de cómo gravar el excedente, sino de cómo asegurar una parte cuando el valor se genera, cada vez más, en otra jurisdicción.

Volvamos al albañil de Bath, ladrillo en mano frente a la ventana que está por cerrar. Aquel impuesto no fracasó por recaudar poco. Fracasó porque su verdadero costo nunca se midió en libras esterlinas, sino en habitaciones sin sol, aire enrarecido y brotes de tifus que se llevaron vidas que ninguna arca recuperó.

Esa es la advertencia que cruza dos siglos. Un impuesto mal diseñado sobre la inteligencia tampoco se pagaría en dinero, se pagaría en diagnósticos que llegan tarde, en una cura que demora un año más, en investigaciones que se vuelven demasiado caras para siquiera intentarse.

Pero el verdadero desafío ya no es decidir si gravamos a la máquina que piensa por nosotros. Es decidir cómo repartimos lo que esa máquina produce, para que el futuro no termine pareciéndose a esas casas tapiadas, ricas por fuera y oscuras por dentro.

Por Patricio Cofre, Socio de Consultoría en Datos, Analítica e Inteligencia Artificial, EY Chile.