Durante años, la piratería fue vista como un conflicto entre privados: una marca copiada, un derecho infringido, un juicio y una sentencia. Ese enfoque sigue siendo válido para ciertos casos, pero ya no basta para describir la dimensión actual del fenómeno.

Hoy, detrás de una etiqueta falsificada puede existir una cadena de fabricación clandestina, contrabando, distribución y lavado de activos que convierte la imitación en un negocio criminal. El reciente informe de 2026 de la Cámara Nacional de Comercio, “Economía en las sombras: Radiografía del comercio ilícito y la seguridad en Chile”, indica que la percepción ciudadana de que el comercio ilícito financia a mafias aumentó de 80% a 88% entre 2023 y 2024.

Esa dimensión se refleja en las incautaciones. Según cifras de Aduanas citadas en el informe, entre enero y noviembre de 2024 se decomisaron 7,5 millones de productos falsificados, casi 25 millones de cajetillas de cigarrillos —con una evasión fiscal superior a US$ 69 millones— y más de 4 millones de productos sin certificación sanitaria. Cada incautación evidencia riesgos para la salud, como medicamentos adulterados o juguetes sin controles de seguridad, además de perjuicios al comercio formal y la recaudación fiscal.

La misma dinámica se extiende al entorno digital: en 2024, las compras informales digitales alcanzaron un estimado de US$ 1.143,4 millones —más del 10% del comercio electrónico— y el 46% de las transacciones en redes sociales fue informal. La trazabilidad casi inexistente dificulta rastrear los productos y verificar su origen, lo que vuelve más vulnerable al consumidor. Estas cifras solo han crecido a la fecha.

Frente a este escenario, el legislador chileno reconoció la conexión entre falsificación y criminalidad económica: en octubre de 2023, los delitos de falsificación de marcas se incorporaron al catálogo de delitos base de lavado de activos. Desde entonces, el Ministerio Público y la UAF pueden perseguir el rastro financiero de las ganancias ilícitas con las mismas herramientas usadas contra el narcotráfico, como el levantamiento del secreto bancario, las interceptaciones y el decomiso de activos.

Proteger una marca resguarda la inversión, promueve la innovación y entrega información confiable al consumidor. Pero hoy se agrega una razón de interés público: cuando la falsificación opera a escala industrial con estructuras criminales detrás, perseguirla contribuye a desarticular esas redes. El desafío es reconocer esta dimensión sin generalizar, distinguir los casos y responder con la seriedad que exige. La propiedad intelectual ya no puede tratarse solo como un asunto entre empresas y abogados: primero es un problema de seguridad, salud pública y recaudación fiscal; en definitiva, un problema de todos.

Juan Francisco Peralta, abogado en Sargent & Krahn