De acuerdo con cifras del sector, la ilegalidad digital sigue ganando terreno, exponiendo no solo a los usuarios, sino a la reputación de las marcas. Este escenario levanta una alerta crítica en la industria publicitaria, donde la falta de control sobre estos entornos incrementa los riesgos de fraude y la pérdida de confianza.

Cuando un contenido se consume por vía ilegal, no solo se rompe una regla, sino que se debilita el trabajo de miles de personas que crean, producen y distribuyen cultura. Porque un ecosistema digital contaminado tensiona directamente la inversión y la transparencia, factores vitales para los avisadores.

Cristián Salgado, vicepresidente Legal y Regulatorio de Claro Chile, es enfático al señalar cómo esto golpea la sostenibilidad del negocio: “Erosiona la inversión tecnológica, desincentiva la creación de contenidos y expone a los consumidores a fraudes, malware y robo de datos».

En este contexto, 12 actores del mundo tecnológico y audiovisual firmaron un acuerdo colaborativo para frenar la distribución ilícita. El foco es doble: educar a las personas para que se protejan y coordinar acciones entre industria y autoridades para reducir la piratería y sus riesgos.

En Chile, la piratería audiovisual se estima en pérdidas por más de US$ 500 millones al año (publicidad y producción local). En tanto, a nivel regional, el monto asciende a US$ 521 millones anuales, afectando inversión, empleo e impuestos.

Para dimensionarlo, esto afecta directamente a la industria creativa:

• Menos proyectos: si caen suscripciones y licencias, se recortan presupuestos para nuevas series, películas, eventos y contenidos digitales.

• Empleo en riesgo: impacta a guionistas, técnicos, sonidistas, editores, periodistas, animadores y equipos de producción.

• Producción local más débil: se hace más difícil financiar historias chilenas y regionales frente a un mercado informal.

• Marcas en entornos inseguros: la publicidad se desplaza a sitios opacos, con más fraude y menos control de “brand safety”.

A veces, las personas creen que lo “gratis” es inocuo. Pero interactuar con apps o servicios ilegales crea una brecha digital que deja al usuario indefenso. En Chile, por ejemplo, se ha advertido que quienes ingresan a estos entornos pueden enfrentar pérdidas cercanas a $3 millones por fraude.

La industria ya dio un primer paso al coordinarse. Sin embargo, la urgencia ahora está en modernizar las herramientas de fiscalización. Sin una legislación ágil que permita “limpiar” el ecosistema digital en tiempo real, garantizar un entorno transparente y libre de fraude para las marcas seguirá siendo un desafío complejo.