
El 28% menciona mejorar la seguridad como su primera prioridad para el país, por encima de la salud pública (16%), la generación de empleos y mejores sueldos (15%) y la reactivación económica (12%). La serie muestra que esta preocupación pasó de 21% a fines de marzo a 30% en mayo y se mantiene en 28% en agosto.
Para el marketing, el resultado no debe leerse como predictor directo de consumo, algo que el estudio no mide. Sí funciona como indicador de contexto: las audiencias evalúan la realidad desde una agenda donde protección, certidumbre y capacidad de respuesta tienen un peso relevante.
Cuando Criteria obliga a escoger entre seguridad y libertad, el 73% opta por la primera y el 27% por la segunda. En 2022, la relación era 68% versus 32%. La preferencia por la seguridad aparece en todos los grupos políticos medidos: 86% en la derecha, 68% en el centro y 51% en la izquierda.
La transversalidad es relevante para las marcas. No implica entrar en la discusión política, sino comprender el marco en que se interpretan campañas, acciones corporativas y mensajes vinculados con confianza, convivencia, espacios públicos o bienestar.
Un 54% considera que la gestión del gobierno en seguridad ha sido peor o mucho peor de lo esperado, frente a un 19% que la evalúa mejor o mucho mejor. En migración, 47% declara una evaluación peor de la esperada y 25% una mejor.
En paralelo, la aprobación presidencial se mantiene en 35% y la desaprobación llega a 55%. Más allá de la lectura política, el estudio vuelve visible una tensión útil para la reputación: cuando la promesa es intensa, el estándar de evaluación también aumenta. Comunicar capacidad sin demostrar ejecución puede ampliar la distancia entre expectativa y experiencia.
El 61% cree que el gobierno debería concentrarse principalmente en conseguir nuevas leyes y atribuciones contra la delincuencia, frente al 30% que prioriza implementar plenamente las normas vigentes. Las seis medidas evaluadas registran entre 75% y 94% de acuerdo, pero solo entre 53% y 69% de probabilidad percibida de cumplimiento.
Aquí hay una precisión necesaria: la síntesis del informe señala que las mayores brechas están en el despliegue policial y el régimen penitenciario. Sin embargo, al calcular las cifras de las páginas 17 y 18, el mayor desfase es el despliegue policial en 50 barrios críticos, con 35 puntos; le sigue aumentar las penas por reclutar menores, con 33 puntos, y luego el régimen penitenciario especial para narcotraficantes, con 31.
Para marcas, medios y empresas, la conclusión no es apropiarse de la preocupación por la seguridad, sino reconocer que la confianza en la ejecución está bajo escrutinio. En un entorno sensible, la coherencia entre lo que una organización promete, hace y puede demostrar gana valor estratégico.
La Agenda Criteria deja una señal aplicable más allá de la política: la adhesión a una idea no garantiza credibilidad sobre su implementación. Para el marketing, esa distancia entre apoyo y expectativa de cumplimiento refuerza la importancia de respaldar los mensajes con evidencia, resultados y experiencias concretas.
Aquí podrás ver el estudio: https://anda.cl/wp-content/uploads/2026/08/Agenda-Criteria-16-de-agosto-2026-1.pdf