Estudio sobre más de 1.900 procedimientos concursales tramitados entre 2024 y 2026

Ingenieros, profesores, médicos y enfermeras encabezan la cartera de Ricardo Puelma, abogado experto en deudas e insolvencia y con amplia trayectoria en procedimientos concursales. Entre quienes declaran título, siete de cada diez son profesionales universitarios y el 84% acredita su renta con liquidaciones de sueldo. La deuda mediana de quienes renegocian llega a $58,8 millones, por sobre los $46 millones del promedio nacional que informa la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir). El primer producto que deja de pagarse es la tarjeta de crédito bancaria, pero la puerta de entrada a la insolvencia son las cajas de compensación: figuran entre las deudas que abren el procedimiento en cuatro de cada diez casos, mientras que las fintech y billeteras digitales aparecen en menos del 2%.

El estudio del abogado, construido sobre datos agregados y anonimizados de las 1.404 renegociaciones y más de 500 liquidaciones que su propio equipo tramitó entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, confirma lo que muestran las cifras oficiales: entre enero y agosto de 2026 la Superir registró 5.496 renegociaciones de personas, un 124% más que en igual período de 2025, y el 84,7% de quienes recurrieron a ese procedimiento son trabajadores dependientes. Para Ricardo Puelma, el sobreendeudamiento dejó de ser un problema de bajos ingresos o de informalidad: «No es gente que dejó de trabajar; es gente que trabaja todos los meses para pagar deudas que crecieron más rápido que su sueldo. El denominador común no es la informalidad, es la ausencia de ahorro, y el error que lo agrava es siempre el mismo: financiar deuda vieja con deuda nueva».

La renegociación de deudas es el procedimiento concursal que más crece en Chile. Según el Reporte Estadístico de la Superir a agosto de 2026, 5.496 personas iniciaron una renegociación en los primeros ocho meses del año, más del doble que en 2025; la mayoría tiene entre 30 y 44 años (62,4%) y la mitad percibe ingresos superiores a $1,75 millones. La pregunta que las cifras oficiales no responden es quién está detrás de esos números.

Para responderla, Ricardo Puelma, abogado autoridad en deudas e insolvencia, cuyo estudio ingresa más de 120 renegociaciones mensuales ante la Superir, analizó los registros de su propia cartera entre octubre de 2024 y septiembre de 2026. El resultado dibuja un perfil claro: un profesional universitario, dependiente, con contrato y sueldo formal, de 39 años de edad mediana en renegociación y 37 en liquidación. Entre quienes declaran una profesión, el 70% en renegociación y el 62% en liquidación son universitarios; la ingeniería concentra el 28% de los casos, seguida por pedagogía, medicina y enfermería.

Tampoco es el profesional independiente: el 84% acredita su renta con liquidaciones de sueldo y solo el 12% con boletas. El ingreso típico ronda los $2,5 millones —el 59% gana entre $1,5 y $5 millones—. «La mayoría de quienes alguna vez boletearon son dependientes con trabajo estable que emiten boletas por asesorías, turnos o clases adicionales. Ninguno llega a fin de mes con capacidad de ahorro, y ese es el verdadero factor de riesgo», explica Puelma.

Cómo se llega a $58 millones con un sueldo formal

La deuda mediana en renegociación es de $58,8 millones: $29,2 millones para quien no tiene inmuebles, casi todo consumo, y $107,6 millones para quien sí tiene, cifra que arrastra el saldo hipotecario declarado. En liquidación la mediana es de $50 millones, mayoritariamente sin bienes. «El crédito de consumo en Chile no exige patrimonio, exige renta. Una persona con $2 millones de sueldo formal accede fácilmente a dos o tres créditos bancarios, tarjetas y un automotriz por medio de una financiera. Cada uno por separado parece manejable; sumados son una carga que ningún sueldo de clase media soporta cuando se le suma un imprevisto o una repactación», señala el abogado. El hipotecario se declara en el procedimiento pero no se renegocia: lo que se reestructura es el consumo.

De las obligaciones en mora que abren una renegociación, el 58% es con bancos, el 31% con casas comerciales y el 11% con fintech, cajas y otros. El producto que primero deja de pagarse es la tarjeta de crédito (62%), por delante del crédito de consumo (38%). Las fintech, billeteras y el «compra ahora, paga después» figuran en menos del 2%. La puerta de entrada de la que se habla poco es que el 41% tiene al menos un crédito con una caja de compensación y uno de cada seis tiene dos o más. «Es el crédito de acceso más fácil y tasa más alta del mercado, se descuenta por planilla y suele pedirse para tapar una emergencia.». Completan el cuadro el vehículo (69% tiene uno y 27% paga un crédito automotriz) y las contribuciones (26%).

Repactar: el error que duplica la deuda

«En la empresa el error clásico es financiarse con el IVA, las cotizaciones y con proveedores. En la persona, es financiarse con deuda nueva para pagar deuda vieja», resume Ricardo Puelma, que identifica cuatro patrones: repactar cuando la cuota no alcanza —baja la cuota, sube la tasa y la deuda crece hasta un 60% en el acto—; consolidar las tarjetas en un crédito grande y volver a usarlas pero de otra casa comercial ; aceptar una carga fija imposible, con dividendo del 35% al 40% más un automotriz del 30%; y recurrir a las cajas como salida rápida. Un empleado público que debía $4 millones en una tarjeta de casa comercial recibió una oferta de 72 cuotas de $170 mil: la cuota bajaba, pero el total subía a $16 millones. «La persona le debe a bancos y casas comerciales, que son quienes le ofrecieron la solución en cada paso. Por eso tarda tanto en darse cuenta: hasta el último día, alguien le siguió prestando».

Las señales de alerta son tres: pagar todo en cuotas, incluso el supermercado; no poder pagar la tarjeta y recibir la oferta de un crédito para pagarla; y pedir un crédito en una caja para tapar el mes. «El momento de pedir ayuda es cuando ya no puedes pagar la cuota sin pedir dinero nuevo, y en todo caso antes de la primera repactación. «, sostiene.

La mayoría de los profesionales con ingresos prefiere renegociar antes que liquidar: quieren pagar lo que pidieron y no quieren perder su cuenta bancaria. El temor de fondo, explica el experto es el estigma: «Creen que por haber quebrado nunca más tendrán una cuenta corriente ni un hipotecario. El castigo existe, pero no es para siempre, y el miedo suele ser mayor que el daño».

La renegociación ante la Superir es gratuita, no exige entregar bienes ni tener un abogado y, desde la reforma de 2023, registra una tasa de éxito superior al 98%, según cifras de la Superintendencia.

Para el abogado, el mito que hay que desarmar es que la insolvencia es una condena: «Es un procedimiento legal, con plazos, diseñado para que una persona que trabaja vuelva a tener una vida normal. Pedir ayuda no es reconocer un fracaso; es dejar de financiar uno.», concluye.