Hoy las redes digitales sostienen buena parte del funcionamiento de las economías modernas. Sobre ellas operan el sistema financiero, las telecomunicaciones, la logística, el comercio electrónico y múltiples servicios públicos. En consecuencia, un incidente tecnológico relevante no solo compromete datos o plataformas informáticas; también puede afectar la continuidad operativa de un país. Por esta razón, la ciberseguridad dejó de ser una cuestión puramente técnica. Hoy es un asunto estratégico que incorpora dimensiones económicas, sociales, jurídicas y políticas.

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La economía chilena es abierta y está profundamente integrada a los flujos globales de capital, comercio y tecnología. Esa integración ha sido clave para su desarrollo durante las últimas décadas. Sin embargo, en el ámbito digital también implica una dependencia significativa. Chile posee una capacidad limitada de producción tecnológica estratégica y, por lo tanto, gran parte de su infraestructura crítica —desde servicios en la nube y software hasta equipamiento de telecomunicaciones y soluciones de ciberdefensa— es diseñada, desarrollada y operada por actores globales.

En condiciones normales, esta interdependencia no representa necesariamente un problema. Pero el contexto internacional está cambiando rápidamente. Hoy existe una competencia tecnológica cada vez más intensa entre grandes potencias, donde el control de infraestructura digital, datos y estándares tecnológicos se ha convertido en un factor de poder geopolítico.

En este escenario, países como Chile pueden quedar en el centro de tensiones que no necesariamente les pertenecen. La infraestructura digital —cables submarinos, centros de datos, redes de telecomunicaciones y plataformas tecnológicas— ha pasado a ser considerada un activo estratégico. No solo conecta economías; también define flujos de información, control de datos y dependencia tecnológica.

Por ello resulta fundamental que Chile avance hacia una estrategia de soberanía tecnológica. Esto no significa aislarse del mundo ni abandonar la integración global, sino que ampliar el margen de decisión del país y reducir vulnerabilidades estructurales. En términos prácticos, implica diversificar proveedores tecnológicos críticos, fortalecer capacidades locales en ciberseguridad, invertir en capital humano especializado y desarrollar una política digital coherente con la política exterior y económica.

Asimismo, requiere reconocer que la infraestructura tecnológica ya no es únicamente un asunto empresarial o sectorial. Es parte de la arquitectura estratégica de los estados.

la economía digital, la infraestructura tecnológica define una parte sustantiva del espacio de decisión de los países. Si durante el siglo XX la soberanía se asociaba principalmente al control del territorio y de los recursos naturales, en el siglo XXI también se mide en servidores, redes, datos y estándares tecnológicos.

Comprender esa transformación es clave para que Chile pueda navegar con mayor autonomía en un entorno global cada vez más competitivo y tecnológicamente interdependiente.

Por José Antonio Lagos, Socio principal de Cybertrust